La empresa Cablevisión denunció este viernes que el Gobierno apunta a provocar la caducidad de las licencias de televisión por cable que posee esa firma para dejar sin servicio a 1.200.000 de abonados, mientras que el Ejecutivo atribuyó esas demandas a un intento de "generar incertidumbre".
Luego de haber efectuado una medida similar con la operadora de internet Fibertel, trascendió en las últimas horas que se preparan once sumarios contra la prestataria de TV por cable, también del grupo empresario Clarín, que transmite en la Ciudad de Buenos Aires y otras diez localidades del interior del país.
En este escenario, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto,admitió este viernes que el organismo a su cargo intimó a Cablevisión, pero buscó aclarar que aún "no hay sanciones ni resoluciones" al respecto.
"Hay intimación en una nota para que la empresa haga su descargo, pero todavía no hay sanciones ni resoluciones", sostuvo Mariotto, que remarcó que la medida es para "que haga el descargo bajo apercibimiento, como cualquier trámite, porque se detectaron una serie de irregularidades en las licencias de la empresa".
El diario Clarín, del mismo grupo empresario, publicó este viernes que las decisiones gubernamentales que se llevan adelante con la empresa prestataria provocarán que 1.200.000 usuarios se queden sin ese servicio.
Mariotto, por su lado, atribuyó esas advertencias a un intento de "generar incertidumbre en los abonados".
"Acreditan que hay un millón de abonados que pueden quedar sin servicio y eso es absolutamente falso, porque la nueva ley garantiza la continuidad del servicio aún en el peor escenario para la empresa, o sea que no tienen inconvenientes en cuanto a la imposibilidad de seguir recibiendo las señales", aseguró.
En declaraciones radiales, el funcionario dijo que "se le pidió a la empresa que dé explicaciones sobre la multiplicidad de licencias por una serie de irregularidades", al tiempo que explicó que esa situación se da "en el contexto de la aplicación de la Ley de Medios, pero son trámites administrativos".
"Se están violando una serie de leyes importantes y no estamos actuando de facto, estamos enviando una intimación como a cualquier licenciatario para que haga los descargos en diez días, aporten al expediente todos los testimonios y, a partir del análisis, se va a resolver con la información acreditada de los expedientes", sostuvo.
En cambio, desde Cablevisión denunciaron que la iniciativa que impulsa el Gobierno tiende a dejar sin ese servicio a 1.200.000 de personas de once comunas, ciudades o localidades del país.
Entre ellas mencionaron a la Ciudad de Buenos Aires; Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Mar del Plata y Bahía Blanca, en Buenos Aires; Villa María y Córdoba, en la provincia mediterránea; la ciudad de Santa Fe; y Santa Rosa y General Pico, en La Pampa.
Desde la empresa explicaron que en esos lugares hay otras alternativas de televisión paga, pero remarcaron que son más caras o en otros casos hay una opción satelital.
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